La juez de los ERE andaluces, señora Alaya, ha dado un paso adelante en la investigación de la trama de los ERE fraudulentos con la petición de una fianza de 29 millones a la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, quien en su día había resultado imputada junto a otros 20 altos cargos. Veintinueve millones, son muchos millones..., aunque de los indicios obtenidos se pudiera concluir que dicha imputada es responsable de los hechos que se investigan. Esto es lo evidente, pero ¿pisará la cárcel?
La cárcel nos hace recapacitar. Lo digo porque estos centros en los que el tiempo sobra serían muy útiles para aquellos personajes de la vida pública que roban y malgastan el dinero de los contribuyentes. Y por supuesto, que devuelvan todo lo defraudado. En las cárceles hay mucho tiempo para reflexionar. Y no solo deben hacerlo los delincuentes de medio pelo sino que tal circunstancia incluye a los chorizos de primera. Si no se hace así, volverán a delinquir.
Con los índices de impunidad actuales y la mala imagen de la Justicia española, deteriorada con cada nueva denuncia de situaciones de privilegio a encausados, se están generando muchas dudas en cuanto a la integridad de la propia institución. A simple vista, la imagen que está trascendiendo no parece la más adecuada para quienes están obligados a demostrar que todos somos iguales ante la ley. Y que no hay diferencias sustanciales entre quiénes delinquen desde la necesidad o que esto se haga desde la opulencia.
Luis Enrique Veiga Rodríguez.
Publicado en : La Opinión (Málaga)
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