Si quieres hablar, paga

La aprobación de la conocida como Ley Mordaza supuso uno de los momentos de mayor tensión entre determinadas fuerzas políticas, sociales y económicas contra el Partido Popular. La formación que dirige aún Mariano Rajoy consideró necesaria en su momento la aprobación de esta ley debido a las agresiones que sufrían los policías en las numerosas manifestaciones fruto del descontento con la situación política que se vivía. Ahora han pasado seis meses desde la entrada en vigor y se empiezan a conocer las primeras estadísticas y sin duda lo que más sorprende es que se haya multado de media a 30 personas diariamente por "faltas de respeto" a los agentes. En primer lugar, llama la atención el elevado número, si bien es cierto que es imposible su comparación al carecer de datos de un ejercicio completo. Sin embargo, las sanciones por falta de respeto a la autoridad sí que existían anteriormente, la diferencia era que la sanción punitiva debía de ser validada por un juez, a quien se le presupone la independencia, mientras que ahora es el Gobierno el encargado.

Sería necesario explicar que es lo que puede ser considerado como faltar el respeto. Claro está que intentar agredir, insultar, o realizar actos obscenos contra un policía, véase enseñarle el dedo índice deben ser considerados como faltas de respeto, pero y ¿gritar a un policía en medio de una manifestación? o pedir a un policía que muestre su número de placa, o incluso responder con una falta de respeto a otra falta de respeto por parte del agente, ¿deben ser consideradas faltas de respeto y por ello sancionadas? Sin duda, la falta de especificidad de la ley provoca que se pueda hacer un uso torticero de la misma, usándola como elemento de coacción contra la protesta social. Con todo esto no digo, ni mucho menos, que los agentes pongan sanciones a diestro y siniestro, porque todos hemos visto imágenes de verdaderas faltas de respeto a policías, por parte de jóvenes y algunos que no lo son tanto, con el único fin de provocar. Pero sí es cierto que es mucho más efectivo amenazar con el bolsillo que con la porra.

Otro de los datos que podemos valorar en las estadísticas del Ministerio del Interior es de las sanciones por consumo o tenencia de estupefacientes en la vía pública que arroja la nada desdeñable de 18.000 sanciones, algo realmente preocupante, porque supone una media de casi 90 al día, con lo que el Estado podría haber recaudado cerca de 9 millones de euros, sin duda, a muchos de los apercibidos les ha costado más la multa que el valor de lo que se disponían a consumir. 
En definitiva, la Ley Mordaza ha supuesto una inyección económica para el Estado, y un nuevo perjuicio para las libertades de todos. 

Antonio Herrero Álvarez (periodista)
Publicado en : La Opinión (de Tenerife)