Unos 650 indigentes en la ciudad, de los que aproximadamente 50 se encuentran en fase terminal. 

Los miembros de la COORDINADORA CIUDADANA INDEPENDIENTE y CORUÑA SIN TECHO lamentamos que las medidas que se toman en lo referente a los indigentes sean siempre de tipo policial o caritativo por lo que proyectamos iniciar una recogida de firmas para que se tramite UNA LEY QUE COMBATA LA MARGINALIDAD.

Este hipotético texto debe garantizar a la persona un techo permanente tal y como recoge la constitución. Además el mendigo deberá recibir atención sanitaria y psicológica, especialmente cuando se encuentre en el peor nivel de degradación. Una vez que se cubren estas necesidades el indigente deberá participar en cursos de reciclaje formativo o de alfabetización si fuera necesario.

El paso siguiente seria que las administraciones públicas ubicasen al indigente en proceso de reinserción en un puesto publico de trabajo temporal, con preferencia en tareas sociales a cargo de las propias administraciones. El proceso de reinserción concluye cuando la persona esa empleable y puede lograr su independencia (VER MÁS) Blog de la Coordinadora Ciudadana Independiente y Comisión Sin Techo de la Coruña PARA LEER, COPIAR O IMPRIMIR CUALQUIER CARTEL O TROZO DE TEXTO, HACED CLICK SOBRE EL MISMO

lunes, 28 de septiembre de 2015

Sin desahucios en las casas públicas

La medida, rubricada por el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional, beneficiará a los vecinos de las 119 viviendas de San Matías, que deben a Visocan 85.000 euros de alquileres
Ninguna familia con dificultades económicas que le impidan asumir el pago del alquiler de una vivienda pública será desahuciada en La Laguna. Ese fue uno de los compromisos que rubricaron ayer el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, y el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez.


La medida beneficiará a los ocupantes de las 1.002 viviendas que tiene la empresa pública Visocan en el municipio, entre ellas 119 del barrio de San Matías, en Taco, donde la semana pasada los vecinos se manifestaban para pedir rebajas en los precios de sus alquileres, que oscilan entre los 200 y 300 euros mensuales, al verse incapaces de pagarlos, dado que la mayoría están en el paro, tienen hijos menores a cargo, y sus ingresos se limitan a ayudas sociales que no superan los 400 euros. (LEER TODO)

Publicado en : La Opinión de Tenerife

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