En España, el número de familias que han perdido su vivienda, asciende a unas 100.000 en los dos últimos años. Cerca del 85% de los desalojados carece de vivienda sustitutoria en la que poder realojarse quedando así a merced de las dádivas de organizaciones como Cáritas o la incertidumbre que conlleva toda estancia temporal en los albergues de emergencia. Como ejemplo, es conocido en esta ciudad (por haber salido en la prensa) el caso de una familia de tres miembros que en el año 2.012 acabó viviendo en un Seat Panda (la madre estaba enferma de cáncer). En este país miles de niños no pueden hacer sus comidas reglamentarias mientras que el número de millonarios aumentó un 10% en el pasado año.
Sin olvidar la población bajo el umbral de la pobreza que se ha situado del 19,6% en el 2.008 al 22,2 % en el 2.014. Bien, avancemos un grado en el drama de estas personas o familias a las que los Servicios asistenciales persiguen de forma encubierta a través de las redadas policiales que periódicamente lleva a cabo la policía como es el caso de los sin techo: algunos inmigrantes, lo que nos lleva a denunciar que algunas ONGs del llamado sector privado estarían cediendo sus bases de datos en cuanto a facilitar la localización, circunstancias personales y demás, de quienes viven en la calle. Se vulnera así la privacidad en el obligado tratamiento que estas entidades deben dar a sus datos por ser una información altamente sensible sobre la vida y circunstancia de las personas.
LUIS ENRIQUE VEIGA RODRÍGUEZ
Publicado en : La Región
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