Este dinero, generado de los impuestos de los ciudadanos y aumentado por nuevos préstamos, va a parar a empresas amigas que diseñan presupuestos sobrevalorados mediante ingeniería financiera de forma legal.
Una obra que cuesta 120 millones ahora cuesta 160 millones por arte de magia.
Los proyectos suelen ser obras públicas de gran calado y se vende la idea de que este tipo de proyectos mejoran la economía del país y son buenos para la gente.
Cuando esta operación se hace bien no pasa nada, pero cuando se hace mal se descubren tramas de corrupción y pueden ser juzgados por la ley.
Para que el sistema funcione y queden impunes, hay que manipular las leyes o bien comprar también a los jueces.
Una vez que el político se queda con la diferencia, el dinero se guarda en paraísos fiscales lejos de cualquier control.
Las cantidades son tan grandes que incluso vale la pena pasar unos años en la cárcel.
A veces es un banco, otras veces es una multinacional, otras una gran constructora…
Con estas operaciones se genera un déficit público insostenible que no es otra cosa que una deuda contraída de la nada a través de un banco.
Todo se hace muy complicado para que nadie lo pueda entender.
Obviamente no hay dinero para pagar porque se han contraído deudas inabarcables.
Se vende la idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
Como solución se acude entonces a un rescate.
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