(La Voz de Galicia, 5.09.2009)
El nepotismo es la preferencia de algunos gobernantes o funcionarios para dar empleos públicos a sus familiares. Este tipo de procederes se da mucho en algunas administraciones.
La situación me recuerda cuando los pisos de protección oficial, mucho más baratos que en el mercado libre, se terminaban adjudicando a dedo y sin sorteo ante notario a los familiares de los alcaldes, a los hijos de los conselleres, etc.
Las propiedades en ocasiones estaban situadas en parcelas próximas a promociones privadas dónde los mismos pisos no protegidos superaban los 50 millones de pesetas pero pese a que estas casas se construían para personas con escasos recursos y por lo tanto mucho mas económicas, el procedimiento de la adjudicación se consideraba dentro de la legalidad.
Familiares de altos cargos en diferentes gobiernos han conseguido prebendas e incluso pisos de protección oficial beneficiándose de este tipo de adjudicaciones.
Luis Enrique Veiga Rodríguez
(La Coruña)
El gobierno ha creado el fondo social de viviendas dotado con cerca de 6.000 inmuebles a bajo alquiler, para aquellas familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sufrido un desahucio.
Una manifestación en La Coruña de afectados por los desahucios y la gente sin techo coincide con una de los afectados por preferentes
Para acceder al fondo de viviendas los usuarios son obligados a ir al banco que les desahució según el convenio firmado entre el Gobierno, y un total de 33 entidades financieras, la FEMP y varias ONG (la llamada Plataforma del III Sector) que recoge como primera opción que "las solicitudes de viviendas por los beneficiarios se dirigirán a la entidad de crédito titular del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda habitual del solicitante". Lo cual se considera humillante; más que humillante, es una aberración que el Ejecutivo obligue a pasar por ese trámite a quienes, en muchos casos, todavía tienen que pagar por su vivienda embargada, debido a la ineficaz regulación en materia de dación en pago. 
El Gobierno desoye así la petición clamorosa de una dación en pago, con carácter retroactivo, para que las más de 350.000 familias desahuciadas en España desde que comenzó la crisis puedan saldar sus deudas pendientes con la entrega de la vivienda con la que avalaron sus créditos. También se ignora la obligación a los bancos de ofrecer esa misma vivienda (la residencia familiar) en alquiler social por un período de cinco años y con un alquiler no superior al 30% de los ingresos del arrendatario.
La Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios en Acción FACUA considera que "ni el Gobierno ni los bancos están haciéndole ningún favor a estas familias con alquileres de entre 150 y 400 euros, que se suman al pago de la hipoteca pendiente, y considera totalmente insuficiente la cifra de 5.891 viviendas. Una insuficiencia manifiesta, si tenemos en cuenta un país que ha sufrido en torno a 350.000 desahucios desde 2008 ", y que debe atender una bolsa oculta de más de 300.000 personas en exclusión residencial (50.000 de ellas sin techo). Mientras esto ocurre, cientos de miles de viviendas propiedad de las administraciones están vacías (1.3 millones privadas).
Luis Enrique Veiga Rodríguez
(La Coruña)
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que las medidas aprobadas este jueves por el Gobierno en el Consejo de Ministros demuestran su insensibilidad con el drama de los desahucios.
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, lamenta que "ni siquiera los suicidios que han trascendido a la opinión pública han provocado que el Ejecutivo tenga la decencia de poner en marcha cambios legislativos a la altura de la tragedia social que atraviesa España", donde cientos de miles de familias han sido desahuciadas desde el comienzo de la crisis.
"Tras la pantomima que supuso el Código de Buenas Prácticas Bancarias, el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a anunciar falsas soluciones al problema para no perjudicar los intereses del poder financiero", critica Sánchez.
El Real Decreto-Ley anunciado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, "no deja lugar a dudas de por qué el Gobierno se ha negado a que las organizaciones de la sociedad civil que representan los intereses de los hipotecados tengan la más mínima participación en su contenido".
"Miles de familias siguen condenadas a acabar injustamente en la calle", denuncia el portavoz de FACUA, "porque este Gobierno sin sensibilidad ante los desahucios no quiere, o no le dejan, solucionar realmente este drama". (LEER TODO)
Post publicado conjuntamemte con el blog OS INDIGNADOS DA CORUÑA.
Es bien conocida la pugna que se trae la señora Farjas en su ánimo de limitar el derecho y la libertad de expresión a FACUA con una queja de amparo de esta última que ha llegado a la Defensoría del Pueblo. El tema no es nuevo.
Creo recordar que fue Simón Bolívar quién estableció los llamados cuatro poderes basado este último en el poder moral, o censura. Pues bien, a los altos funcionarios españoles los ataca un cierto afán por ejercer drásticos controles sobre los medios quizá por considerar que deben callar, de modo que la realidad de ciertos abusos sea dulcificada.
De esto saben bastante los de la revista Consumerismo de Facua (colaboré con ellos a través de nuestro boletín de consumo-ACPV) porque los gobiernos no soportan ese tipo de incomodidad, bajo el argumento de que 'el que paga, manda' (lo dijo el ex presidente valenciano Eduardo Zaplana en una ocasión).
Facua es una federación nacida en Andalucía que defiende los derechos de los consumidores, sumamente crítica y sometida actualmente a los rigores de la Administración a la que molesta como otras organizaciones de la sociedad civil que le son críticas.
Si bien resulta lamentable esta postura de acoso a Facua lo que resulta deleznable es que ante una petición de amparo de ésta a la Defensoría del Pueblo, la señora Becerril en sintonía con el Gobierno, le haya indicado el camino de la información 'light', que no deja dudas de su falta de sintonía con el pueblo al que se debe.
LUIS ENRIQUE VEIGA RODRÍGUEZ.
Publicado en : ATLÁNTICO
La obra 'Cabeza de turco' (1985), del periodista alemán Günter Wallraff tiene plena vigencia sobre la sistemática explotación germánica a quienes se han visto obligados a emigrar a dicho pais.
En este caso hablo de nuestra juventud que con sus titulaciones bajo el brazo han emigrado a Alemania y han acabado de pinche de cocina o limpiando wáteres por sueldos de auténtica miseria. Esta es una cuestión espinosa que contradice a nuestros políticos y a nuestra diplomacia en general, sobre los sueldos y los cargos que se prometían. Una cuestión que contradice igualmente las palabras de la señora Merkel cuando en su visita a España dijo aquello de que la economía alemana iba muy bien y que se precisaban especialistas a los que su pais estaría encantado de acoger.
Ahora resulta que estamos ante las desgarradoras experiencias que esos mismos jóvenes licenciados denuncian, inmersos en una red de explotación laboral que no está desmereciendo a lo relatado por Günter Wallraff en su novela y que tantas enemistades le granjeó en su país.
LUIS ENRIQUE VEIGA. (A CORUÑA)
LA REGIÓN
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