Ahora descubrimos que existen mentiras interesadas sobre la Transición española que han colocado al ciudadano en la encrucijada de la duda. Para muchos, la Transición es hoy sinónimo de corrupción. Lo que no favorece en modo alguno su significado de referente para las generaciones actuales y futuras. La confesión del expresident Pujol no hace más que reafirmar esta sensación en quien clamaba por Cataluña, pero trabajaba para Pujolandia.
Por lo que sabemos la fortuna oculta de Pujol no se queda en el capital descubierto en Andorra, sino que hay mucho más. Otros cayeron antes por similares excesos. Sin verdaderos referentes, la Transición se encuentra con un déficit importante de políticos sin mancha que solo puede contribuir a dar una idea negativa de nuestro pasado. Así, se hace difícil abordar el futuro.
LUIS ENRIQUE VEIGA
Publicado en : El Correo Gallego
que atraviesa una familia coruñesa
La plataforma Stop Desahucios quiso poner ayer el foco de atención sobre el caso de una joven coruñesa de 33 años, que acaba de tener que abandonar la casa en la que vivía con su madre, diagnosticada de Demencia.
La afectada había recibido hacía semanas la sentencia firme de desahucio ejecutable en cualquier momento, aunque desde el Ayuntamiento confirmaron que ayer mismo entregó las llaves de la vivienda en la que residía de forma voluntaria, por lo que el desalojo no tuvo que ser realizado.
La plataforma señala que estas dos mujeres vivían en un piso sin contrato -situación legalmente denominada “en precario”- y a pesar de estar enferma de fibromialgia, es la encargada de cuidad su madre las 24 horas, que depende totalmente de ella.
Sin vivienda
Los portavoces de la organización explican que la joven ha dado todos los paseos posibles para evitar verse en la calle: ha mantenido, al menos, cuatro entrevistas con los Servicios Sociales, ha pedido la valoración de dependencia para su madre en la Oficina Municipal de Dependencia, y apeló al convenio entre la Xunta, los ayuntamientos y el Poder Judicial, y solicitó una vivienda social al Insitituto Galego de Vivenda e Solo. A este respecto, añaden que la joven no ha obtenido aún una respuesta a su solicitud, a pesar de haber solicitado hace ya varias semanas por el procedimiento urgente. Quieren subrayar que la situación en la que se quedan estas dos mujeres es muy preocupante.
Publicado en : El Ideal Gallego
Una y otra vez se nos plantea una especie de disyuntiva entre Internet o la privacidad.
Desde ciertos conocimientos de cosmología se podría llegar a la conclusión de que el mundo virtual es lo que más se semeja al llamado plano astral que viene a ser el mundo donde moran las almas; por ello se incide a veces en el hecho figurado de que apoderándose de nuestra privacidad se apoderan de nuestra alma. Cuando menos deja al descubierto el grado de erosión de la libertad, sacrificada en su siempre difícil conciliación con la seguridad.
Es cierto que la información referente a nuestros datos particulares tiene un gran valor, pero también lo es el hecho de que las empresas de Internet comercializan generalmente con esos datos porque se los hemos facilitado a cambio de la gratuidad del servicio. Un servicio que tampoco ha podido sustraerse al constante rastreo de ese monstruo que llaman seguridad nacional en el que se suelen manifestar las escuchas, las violaciones de correspondencias, etcétera.
Ante esos mismos gobiernos que desean proteger de sí misma a una sociedad en creciente inocencia y buenismo algunos medios como el londinense The Guardian, o The Washington Post, se pronunciaban recientemente en la conveniencia de volver a los métodos tradicionales y prescindir de Internet en lo posible.
LUIS ENRIQUE VEIGA
Publicado en : El Correo Gallego
Según dice cierta leyenda urbana fue un médico y diputado francés de apellido Guillotín a quien se asocia con la invención de la guillotina. Con dicho dispositivo se trataba de dulcificar la ejecución de los reos como paso previo quizá a la abolición de la condena a muerte. La misma leyenda dice sin embargo que a Guillotin le ajusticiaron con su propio invento.
Quizá por similitud, cuando leo que Jaume Matas ingresará en la cárcel de Palma no puedo menos que recordar que siendo presidente inauguró hace algunos años la cárcel en la que ahora ingresa. Se enorgullecía entonces el señor Matas del confort de aquella prisión tal como ahora podrá tener ocasión de comprobar él mismo.
Mal deben estar las cosas cuando las buenas palabras de algunos políticos ocultan tantas veces sus malos hábitos... Nos acercamos a las elecciones y don Mariano Rajoy no cesa de hablarnos de regeneración democrática, como si tal cosa. Mientras que esto ocurre me pregunto a que regeneración se habrá referido. O lo que nos ocultan las palabras del señor Rajoy. Sea como fuere, Jaume Matas fue calificado en su día por el señor Rajoy de un político ejemplar.
Quizá porque confundió los malos hábitos de este político con sus buenas maneras (Jesús los llamaba sepulcros blanqueados por afuera).
Ahora que la regeneración ha comenzado y que debe empezar en casa no puedo menos que recordar el caso Pikachu con el ínclito don Julio Flores en quién se ha descubierto un vergonzoso tráfico de influencias. Como segundo de abordo del señor Negreira, todavía continúa en su puesto; quizá como esos malos olores que a fuerza de persistencia nos acaban delatando.
Luis Enrique Veiga Rodríguez
A veces nos autoconvencemos de que el destino está condicionando negativamente nuestras vidas y no luchamos lo suficiente por lo que cabe considerar son nuestros derechos. Desde aquí, propongo no resignarse y manifestarse abiertamente con el aliciente de saber que estamos dedicando una parte de nuestro tiempo en mejorar la sociedad. Siento insatisfacción cuando voy por la calle o leo el periódico y me encuentro con la parte más grosera de la palabra crisis, que si bien a veces se utiliza frívolamente para atacar al adversario político, las más de las veces nos permite señalar a un número significativo de ciudadanos que la padecen en su cruda realidad.
Creo que no podemos consentir que con la disculpa de la crisis se esté desmantelado el Estado del bienestar, que costó sangre sudor y lágrimas y es por lo tanto un derecho adquirido al que no podemos renunciar. La sociedad en general tiene que rebelarse contra todo tipo de abusos con el fin de impedir que se nos siga esquilmando impunemente. En particular, los más jóvenes, que tienen un alto porcentaje de parados en sus filas y que siempre han sido la vanguardia de la lucha contra todo tipo de exclusión y opresión.
Está muy claro que quienes detentan el poder o quienes les alcahuetan no piensan ni mucho menos en el ciudadano de a pie, sino que más bien están preocupados en defender sus intereses y los intereses de sus amigos, los poderosos. Son las reiteradas agresiones que estamos sufriendo en nuestras conquistas sociales y laborales y ya va siendo hora de parar las brutales especulaciones de estos desalmados impidiendo que nos despojen de lo poco que nos queda. ¿Acaso piensa esa juventud que nos ha sido regalado? En estos momentos parece que muchos no se han enterado aún de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero ¿han reflexionado sobre el futuro? Creo que la revolución social sigue siendo nuestra asignatura pendiente.
Luis Enrique Veiga Rodríguez.
Publicado en : La Opinión de Málaga
Conferencia en el Afundacion,
(Calle Cantón Grande 21) :
El comienzo de las protestas en febrero de 2014, encabezadas por los estudiantes apoyados por otros manifestantes pacíficos, son muestra de que el pueblo ejerce su legítimo derecho. Dichas protestas fueron motivadas por la caótica situación económica, social y política que impera en Venezuela. La escasez, la inseguridad, la violencia, la corrupción y la restricción de la información en los medios de comunicación solo agravan el malestar de la sociedad.
Este post ha sido publicado conjuntamente con :
OS INDIGNADOS DA CORUÑA
Ley de Seguridad Ciudadana
El castigo
administrativo a la paralización de desahucios no ha
sufrido modificación en el nuevo texto. Como en el
presentado el pasado otoño, participar en una de estas
acciones podrá ser castigado como infracción grave, que
conlleva multas de entre 1.001 y 30.000 euros. El
anteproyecto de ley no menciona ninguna de estas formas de
protesta, aunque es fácil identificarlas en el articulado.
Por ejemplo, dentro de las infracciones graves están los
"actos de obstrucción" que pretendan impedir la
ejecución de una resolución administrativa o judicial. O
lo que es lo mismo, formar una cadena humana ante una
vivienda de la que la Policía pretende desahuciar a una
familia en cumplimiento de una resolución del juzgado.
Fernández Díaz ha asegurado
que, a diferencia de la ley en vigor, esta incluye tres
grados para las sanciones graves y muy graves. Para
imponerlas, ha adelantado, se tendrá en cuenta la
situación económica del infractor. La falta grave, sin
embargo, antes era sancionada con un mínimo de 300 euros y
ahora esa cantidad en su grado menor será, en cualquier
caso, de 1.000 euros. Las infracciones leves, que antes
llegaban hasta los 300 euros ahora podrán ser castigadas
con hasta 1.000. Las graves, con multas de 30.001 a 600.000
euros.
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El Gobierno sigue adelante con el castigo a las protestas que los tribunales avalan
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OS INDIGNADOS DA CORUÑA
Estamos ante un fenómeno que no es nuevo: la ocupación de viviendas vacías. En comunidades como la andaluza es un asunto que empieza a organizarse. Apoyados de forma encubierta por partidos como Izquierda Unida, los grupos se han constituido en corralas por la dignidad con el objetivo de ocupar viviendas vacías que pertenecen mayormente a entidades bancarias. Al menos en teoría. Se aprovecha así la ruina de promotoras, los vacíos legales y la dejadez administrativa para hacerse con una casa.
La cuestión de fondo es que muchos promotores acabaron arruinados y las entregaron a los bancos, quienes no las han inscrito en los registros. Existe por tanto un vacío legal que permite o alienta cuando menos dichas ocupaciones, aunque sea un recurso al límite de la ley. De hecho, la Policía se está limitando (de momento) a identificar a los ocupantes, sin que se hayan efectuado desalojos por la fuerza. El efecto llamada podría ser inmediato. Nos encontramos ante un problema de vivienda que afecta en estos momentos a miles de familias en todo el país.
LUIS ENRIQUE VEIGA
Publicado en : El Correo Gallego
Miembros de Stop Desahucios de A Coruña se han concentrado esta mañana frente a los juzgados de plaza Monforte de A Coruña a las 9.30 horas para denunciar la "criminalización de la solidaridad" y en apoyo a dos personas que serán juzgadas por solicitar la identificación de un agente, según explica el colectivo en un comunicado. "Estas personas fueron acusadas de un delito por obstaculizar la calle y el paso de vehículos sin que a día de hoy se haya concretado el tipo de delito", cuestiona el colectivo.
Recuerdan que cientos de personas se reunieron en la calle Padre Feijóo para intentar impedir el desahucio de Aurelia Rey e instan a participar el próximo sábado 12 en la manifestación que partirá a las 20.00 horas desde plaza de María Pita con el lema ´Reprímennos a nós para asustarte a ti´, para visibilizar la "violencia represiva" contra personas y colectivos que denuncian en público la destrucción de derechos humanos y sociales básicos.
Publicado en : La Opinión
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Juzgan a tres personas por impedir un desalojo
Los sin techo son la punta del iceberg de la pobreza. La exclusión social viene a ser el rostro menos amable de la igualdad.
Se produce a consecuencia de una disfunción del sistema social en el que el individuo se ve alejado (más bien expulsado) del grupo de pertenencia. A veces se inicia en la familia. El hecho de omitir toda práctica preventiva e integracional nos aclara la razón de tantos fracasos en los que más bien habría que dirigir los recursos a la causa, más que poner parches.
Hay muchas personas que carecen de un techo permanente donde vivir y se estima en cerca de 300.000 los residentes en infraviviendas, chabolas o pensiones baratas alimentando una bolsa oculta del sin techo de muchos miles de personas ¿Cómo puede hablarse de una sociedad del bienestar?
Una vez más surge la pregunta ¿quiere la sociedad que se inserten las personas sin techo?
Si ello es así, entonces hemos de plantearnos dónde está el Estado como garante de los derechos básicos para que esas personas pueda desempeñarse como tales.
El Gobierno, de momento, no ha ratificado la Carta Social Revisada de la UE e impide que recursos como la vivienda o el empleo (ejes contra la exclusión social) adquieran el valor de un derecho. Una vez más se deja a los sin techo como los grandes ignorados de esta sociedad.
Luis Enrique Veiga Rodríguez. Málaga
Publicado en : La Opinión - El Correo Gallego
de ´perseguir´ a cinco miembros del colectivo
La plataforma Stop Desahucios acusa a la Policía Nacional de "perseguir" a cinco miembros del colectivo que participan "habitualmente" en manifestaciones convocadas por otras asociaciones como la concentración por el derecho al aborto, en apoyo a los vecinos de Gamonal, contra los detenidos el 22M o contra el desalojo de Palavea. Las multas que deberán abonar algunos de los identificados, según Stop Desahucios, oscilan entre los 300 y los 450 euros.
"No identificar en el momento a las personas asistentes a las movilizaciones sociales es la nueva moda represiva del Gobierno del PP", subraya la plataforma en un escrito enviado a los medios de comunicación, en el que también destaca que esa práctica confirma "la sospecha de la existencia de listas negras". El colectivo, además, critica el "vicio policial" de llamar a algunos de sus miembros "por su nombre y apellido" durante las protestas "para que quede claro que estamos controlados".
Publicado en : La Opinión
Los desalojos están destruyendo nuestras familias. En España la Justicia es poco exigente a la hora de investigar a
políticos, banqueros o empresarios corruptos, mientras que de forma
sistemática los jueces firman todos los días sentencias para desahuciar
a la gente de sus casas. Debemos denunciar una vez más la realidad
injusta de los desalojos en España, en esta ciudad y en Galicia. El
drama familiar que afecta a centenares de vecinos de La Coruña sin
que las instituciones del Concello y la Xunta de Galicia ofrezcan
alternativas adecuadas para su realojo.
En estos momentos, un 80% de los desalojados carecen de
vivienda en que realojarse. La administración local y autonómica hace
oídos sordos a la cuestión de fondo del problema, esto es, eludiendo el
alquiler social de las viviendas vacías existentes en Galicia y en nuestra
ciudad. Son decenas las personas e incluso familias que acuden a los
albergues de emergencia al no encontrar solución a su necesidad de
vivienda. Muchos acaban viviendo en la calle, sin techo, por una mala
gestión de los Servicios Sociales.
E igualmente denunciable es el grave
problema de desalojo que sufren los vecinos del Parque Ofimático de
Elviña a causa de la expropiación de sus terrenos y casas por el
Concello. Esto es un síntoma más de los abusos del Concello coruñés,
en los que tampoco se duda en recurrir a la Policía Local, parte
interesada en la promoción de viviendas de lujo en dicho Parque, para
acallar y criminalizar las protestas de los afectados.
Los vecinos
únicamente piden que si les tiran sus casas se les indemnice
adecuadamente o se les haga otra casa donde vivir.
Ninguna de dichas peticiones es atendida dando cuenta de esa
mafia que se alienta desde instancias gubernamentales, con el segundo
de a bordo del Concello de La Coruña, el señor Flores, imputado en la
trama de la operación Pikachu.
Luis Enrique Veiga Rodríguez (La Coruña)
En el parque Ofimático se están a construir más de dos mil viviendas de protección oficial, según lo previsto.
La situación me recuerda cuando los pisos de protección oficial, mucho más baratos que en el mercado libre, se terminaban adjudicando a dedo y sin sorteo ante notario a los familiares de los alcaldes, a los hijos de los conselleres, a miembros de la Policía, etc. Las propiedades en ocasiones estaban situadas en parcelas próximas a promociones privadas dónde los mismos pisos no protegidos superaban los 50 millones de pesetas.
Pese a que estas viviendas se construían para personas con escasos recursos y por lo tanto mucho mas económicas, el procedimiento de la adjudicación final de los mismos a familiares y amigos se consideraba dentro de la legalidad. El nepotismo es la preferencia de gobernantes y funcionarios para dar determinadas prebendas a sus familiares y amigos.
Este tipo de proceder que se da mucho en algunas administraciones dónde esos mismos familiares o amigos de altos cargos han conseguido pisos de protección oficial beneficiándose de este tipo de adjudicaciones. Desde mi punto de vista se llama corrupción.
Luis Enrique Veiga Rodríguez
(La Coruña)
