El Gobierno conservador de coalición del PSD y CDS recibe así por segundo año consecutivo el reproche legal de los magistrados constitucionalistas, lo que recorta su legitimidad a ojos de la oposición, que por la noche se apresuraba a pedir la dimisión inmediata del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones.
Los jueces del TC, que llevan tres meses analizando la legalidad de hasta nueve medidas de austeridad contempladas en los presupuestos del 2013, explicaron a las diez de la noche, en medio de una notable expectación en todo el país y ante la televisión pública en directo, que los recortes en la paga extra de verano de funcionarios y pensionistas «constituye una violación de la Constitución portuguesa», circunstancia no solo advertida por oposición y movimientos sociales, sino también puesta en duda por el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva. El jefe del Estado fue precisamente quien sometió al examen de los magistrados del palacio de Rattón la legalidad de los presupuestos, decisión que secundaron los cuatro partidos de la oposición y parte de la judicatura portuguesa. (LEER TODO)
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