BOLETIN COMPLETO DICIEMBRE 2012

EN MI OPINION

    Luis Enrique Veiga Rodriguez

EL DEDO SEÑALA A LENDOIRO

EL PRINCIPE SALUDA A UNA GITANA

NAVIDAD LIGHT

LOWEST BIDDER

CULLEREDO TOMA LA INICIATIVA

Culleredo creará un banco de pisos para desahuciados

De acuerdo con lo que he defendido con insistencia, es el momento de decir que el Ayuntamiento de Culleredo ha tomado una iniciativa digna de ser aplaudida en la problemática de los desahucios estableciendo un acuerdo de colaboración que le permita poder brindar ayuda a los vecinos que se vean afectados por este problema. El acuerdo alcanzado con Stop Desahucios se plasmará en un trabajo de coordinación con el objetivo de sentar las bases para la realización de actuaciones conjuntas ante quienes se encuentren frente a un desahucio inminente. 

Según lo señalado se ha planteado la fórmula de una comisión mixta (ciudadana, municipal, política) que permita atender los casos de desahucio en dicho municipio. Como decía, si bien esta idea la hemos venido defendiendo en diversas ocasiones dentro de lo que sería una solución integral al problema de los desahucios, es de destacar inevitablemente los casos de aquellas personas y familias que ya se encuentran en situación de exclusión e incluso de calle (sin techo) que si bien requiere de un tratamiento diferente, la solución habitacional permanente es el punto de partida dentro de un protocolo basado en la transversalidad y que posibilite la autonomía personal en cuestiones de vivienda, inserción sociolaboral y acceso a los servicios educativos y de salud, y empleo. 

 Creo que una de las prioridades del Gobierno local (en lo que a sus servicios sociales se refiere) debería ser que los grupos que nos venimos desempeñando en ambas facetas (desahucios y sin hogar) podamos formar parte de las llamadas comisiones mixtas. Todo ello sin olvidar por supuesto el tratamiento especial que requiere la casuística de las personas sin techo. Tome nota el señor concejal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña.
Escrito por Luis Enrique Veiga Rodríguez 
(Coordinadora Ciudadana Independiente)

CLAMOR POPULAR EN DESAHUCIOS

El Gobierno ha ordenado paralizar los desahucios. 

Existe la particularidad de que el pacto no será retroactivo. Y nos preguntamos ¿que va a suceder con esas 350.000 familias que han sido condenadas a la indigencia y la exclusión social?. A ellos se vienen a unir las más de 300.000 personas que viven en situación de exclusión residencial en España (infraviviendas, chabolas, pensiones baratas, albergues) y las cerca de 50.000 personas sin techo en las calles del pais. A expensas de los comedores sociales, ha sido la presión social, los dramáticos desenlaces de algunos desahucios, o el informe de la Justicia Europeo, los que han venido a inclinar la balanza sobre dicho pacto. Por ello debemos preguntarnos si las leyes que se están aplicando son las justas. O si por contra habría que modificarlas. En la creencia de que debe abordarse una solución integral del problema, que lo sería en sintonía con el Objetivo 2.015 en la UE (vivienda digna), señalamos: 

 1. La creación de comisiones mixtas, con presencia municipal, de los partidos y los usuarios, favorecería una aproximación a la banca que posibiliten una salida negociada a la masiva situación de desahucios. Algunos ayuntamientos pretenden evitar el desahucio de miles de familias a base a negociar con los bancos una moratoria de cinco años y que pongan en alquiler dichas casas a precios asequibles. Ello permitiría a dichas familias permanecer en la vivienda embargada abonando una renta no superior el 30% de sus ingresos. 

La moratoria debería ser "sobre todos los desahucios de vivienda habitual y deudores de buena fe"

 2. En una segunda etapa este proceso se completaría con un realojo digno de todos los afectados mediante la oferta de viviendas de protección oficial (VPO) como alquiler social. Una medida que habría de hacerse extensiva a todos aquellos, familias y personas, que viven en infraviviendas, en albergues, en pensiones baratas e incluso en instituciones penales, de menores, o médicas, con riesgo o en situación de calle (sin techo). Y con ello, la vinculación entre las obligaciones del Estado al derecho a reclamar una vivienda digna precisando sus obligaciones a la hora de a definir a los afectados como sujetos de derecho y no como objeto de aplicación de un programa asistencial. En el último informe a las Cortes de la Defensoría del Pueblo se resalta que hay en España cerca de 50.000 personas sin techo, mientras que cientos de miles de viviendas de las administraciones, están vacías o infrautilizadas. Ante esta situación la institución señala que la vivienda 'no es sólo un bien mercantil, sino un bien de uso y disfrute básicos y un objeto de derecho constitucional'. Este mismo argumento esgrime a la hora de defender la dación en pago como modo de cancelar los créditos. Y propone aplicar la dación en pago en forma limitada y con carácter retroactivo a esas 'adquisiciones de carácter necesario', dejando un sistema que implique más responsabilidades para otro tipo de viviendas en propiedad. 

 3. Finalmente, analizar con las asociaciones de promotores de viviendas, la aprobación de convenios de colaboración que fomenten el alquiler del stock de viviendas VPO, no vendibles a corto y medio plazo. Es nuestra creencia de que hay que promover leyes más justa que permitan garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna pero con una garantía real de ese derecho.
Luis Enrique Veiga Rodriguez (La Coruña)
Ahora somos la COORDINADORA CIUDADANA INDEPENDIENTE (CCI), antes eramos la COMISIÓN SIN TECHO DE LA CORUÑA. 
(Visto en ATLÁNTICO)

PREFERENTES : BANQUEROS AL BANQUILLO

Estos días se palpa en el ambiente la sensibilización de los propios afectados por tanta injusticia. Actualmente hay en España unos tres millones de afectados por las preferentes y la recuperación de su dinero es casi imposible. Al principio se hablaba de una quita, y ahora de su obligada conversión en acciones, con una merma del 30% del valor. 

El personal bancario ha venido ofreciendo a sus clientes un producto financiero que, en la mayoría de los casos era colocado en clientes seleccionados por su bajo perfil y su vulnerabilidad: personas mayores, de poca formación, e incluso analfabetas, que mal podían conocer las características desfavorables en cierto tipo de compradores. En el caso que nos ocupa, una letra pequeña no explicada convenientemente por quienes ofrecían esa ocasión de un depósito mejor remunerado. O tal vez la confianza del que lo suscribía, sin más. 

Fueron esas mismas personas las que al necesitar liquidez, descubrían, que lo que habían firmado no se correspondía con lo que el banco les había ofertado. Los órganos reguladores del Estado tampoco avisaron de sus riesgos. La estafa estaba anunciada. En fin... cuesta pensar en lo cruel de quienes al querer disponer de sus ahorros que tal vez necesitan con urgencia, no haya una fórmula para solventar su situación. 

Pero lo que si desasosiega es que el poder financiero no haya respondido todavía, penalmente, de estos hechos. En un pais donde no funciona la Justicia, es peligroso hacerse ciertas ilusiones. En consecuencia es lícito plantearse dónde va a estallar la próxima estafa financiera. 

Luis Enrique Veiga Rodríguez - 
Coordinadora Ciudadana Independiente

Este post ha sido publicado conjuntamente con la Plataforma da Coruña de afectados por preferentes e subordinadas

IGUALDAD

DELITOS ECONÓMICOS

EN LA CALLE

En cualquier crisis económica hay un marco de protección que es la cohesión familiar como un factor que procura ventajas de un modo claro y rotundo ya que la familia es una garantía para que el país prospere y como tal un pilar básico ante las crisis económicas. Pero tampoco nos engañemos: hoy estamos ante una crisis que está teniendo derivas muy peligrosas y son precisamente las que han nacido de una especulación bancaria desaforada, de tal modo que buscando el máximo rendimiento económico se ha incidido en la primera necesidad familiar que es el hogar. Es decir, sobre la necesidad de tener una vivienda propia. 
La consecuencia de esa ruptura del equilibrio está afectando a centenares y miles de familias que están siendo desahuciadas en ejecución de hipotecas -más de 500 casos diarios en toda España- castigadas por un mal especulativo que no generaron ellos. Estamos ante una carga en profundidad contra la cohesión familiar. Existe la necesidad de salvaguardar esa cohesión familiar que si bien es una responsabilidad política debería ser una exigencia de todos nosotros. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo esto? Son malos tiempos para la estabilidad familiar y malos tiempos para la credibilidad de la justicia española. Es esa mal llamada justicia que a las órdenes del banquero todopoderoso dicta resoluciones y ejecuta las mayores tropelías cobardemente parapetada tras la policía o la guardia civil; se destroza así el futuro de tantas familias que son lanzadas a la calle (más de 350.000 desde el inicio de la crisis económica). Son esas familias que a duras penas tienen para comer y que si lo hacen es a través de Cáritas o acudiendo a los comedores sociales. Que se han quedado sin casa o que viven en la de sus familias hacinados todos en pequeños cubículos, sin que puedan aspirar a un nuevo hogar que no sea de prestado. 

Es curioso recordar aquellas películas de la post guerra que analizaban la temática de la infravivienda y el chabolismo bajo una legislación influida por consideraciones morales. Pero esa misma moralidad era la que impedía que se pudiera dejar a alguien sin techo donde vivir -aunque fuesen las cuatro chapas del reciento- hasta que esa familia tuviera un techo permanente en el que cobijarse. Esto sucedía porque el derecho a la vivienda era un derecho fundamental que hoy no se respeta ante la primacía que los jueces dan al derecho mercantil sobre el constitucional. Y los banqueros se siguen frotando las manos. 

Luis Enrique Veiga Rodriguez (La Coruña)
Ahora somos la COORDINADORA CIUDADANA INDEPENDIENTE (CCI), antes eramos la COMISIÓN SIN TECHO DE LA CORUÑA. 
(Visto en XORNAL 21)