Unos 650 indigentes en la ciudad, de los que aproximadamente 50 se encuentran en fase terminal. 

Los miembros de la COORDINADORA CIUDADANA INDEPENDIENTE y CORUÑA SIN TECHO lamentamos que las medidas que se toman en lo referente a los indigentes sean siempre de tipo policial o caritativo por lo que proyectamos iniciar una recogida de firmas para que se tramite UNA LEY QUE COMBATA LA MARGINALIDAD.

Este hipotético texto debe garantizar a la persona un techo permanente tal y como recoge la constitución. Además el mendigo deberá recibir atención sanitaria y psicológica, especialmente cuando se encuentre en el peor nivel de degradación. Una vez que se cubren estas necesidades el indigente deberá participar en cursos de reciclaje formativo o de alfabetización si fuera necesario.

El paso siguiente seria que las administraciones públicas ubicasen al indigente en proceso de reinserción en un puesto publico de trabajo temporal, con preferencia en tareas sociales a cargo de las propias administraciones. El proceso de reinserción concluye cuando la persona esa empleable y puede lograr su independencia (VER MÁS) Blog de la Coordinadora Ciudadana Independiente y Comisión Sin Techo de la Coruña PARA LEER, COPIAR O IMPRIMIR CUALQUIER CARTEL O TROZO DE TEXTO, HACED CLICK SOBRE EL MISMO

lunes, 14 de abril de 2014

PAN, TRABAJO Y TECHO

Observo, querida Laila, que derechos fundamentales y constitucionalmente reconocidos de los ciudadanos cada día molestan más a más gestores de la cosa pública. Entre estos derechos destacan los de manifestación, reunión o de huelga, que se ejercen con mayor frecuencia en los últimos tiempos. Uno de los primeros síntomas de esta incomodidad del poder con estos derechos es, por contradictorio que parezca, la reiterada y ritual afirmación de su vigencia que los mandarines hacen tras cada manifestación. Suena a excusatio non petita porque al mismo tiempo no pueden disimular sus maniobras disuasorias para que estos derechos, en la práctica, se ejerzan lo menos posible.

Basta ver, por ejemplo, las cifras oficiales que se dan de manifestantes, en exagerada competencia, a la baja, con las hiperbólicas que facilitan los entusiastas organizadores de las movidas. La gente ya no cree a nadie y se toma a pitorreo la ridícula batalla de números. Otra muestra del desasosiego del poder es su habitual recurso a negar la mayor, a la descalificación global de los demandantes o a una hipotética mayoría silenciosa que siempre suponen de su parte. Y cuando, aprovechando las pacíficas movilizaciones, aparecen elementos violentos, de incierto origen y oscuras intenciones, que montan el cirio, nuestros capitostes lucen lo mejor de sus contradicciones. De una parte, señalan lo reducido y marginal de los violentos y los distinguen de los ciudadanos movilizados pero, de otra, caen en otorgar excesiva relevancia a estas acciones, hasta el punto de permitirse lanzar propuestas de medidas que, más que reprimir a los violentos, tienden a limitar, bajo la apariencia de una mejor regulación, esos derechos que les resultan tan incómodos.

Hijas de estas contradicciones son las declaraciones, realmente antisistema, de la pintoresca alcaldesa de Madrid, que quiere desterrar las manifestaciones al desierto o, lo que es más grave, la nueva Ley de seguridad ciudadana, sobre cuya inconstitucionalidad alertaron ya jueces y fiscales. Un tratamiento así se dio a la manifestación de la Marcha de la Dignidad del pasado 22M. Es cierto que la actuación de los grupos violentos fue especialmente dura, pero también es evidente que no tenía nada que ver con la manifestación, que eran claramente minoritarios y marginales, por mucho que se juntaran más que en otras ocasiones, y que fallos evidentes en la estrategia policial contribuyeron a incrementar la gravedad de lo sucedido. (LEER TODO)

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