La Plataforma de Afectados por las Preferentes de Caja España-Duero en Zamora, recién constituida, ha llevado a cabo su primera protesta con una sonora aunque no muy nutrida manifestación frente a la sede de la caja regional en Santa Clara. Antonio del Castillo, abogado que representa los intereses de los afectados que se han asociado, afirmó a las puertas de la entidad que «se está estudiando una querella criminal» contra Caja España-Duero «por un presunto delito de estafa» porque «la mayoría de los afectados no conocía los riesgos» de la operación.
Según indicó el abogado, la mayoría de los afectados desconocían que «estas inversiones no están garantizadas por el Fondo de Garantía de Valores ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores», Según del Castillo, la querella se formalizará previsiblemente la semana que viene.
El abogado afirmó que en todo este asunto hay responsabilidades de cargos públicos porque «al ser cajas, el consejo de administración está dirigido por políticos y sindicalistas», y contra ellos irá también la demanda si «ha tenido poderes para establecer estos contratos o ha emitido informes de que esto se haga a sabiendas del riesgo» existente. «Aunque es adelantar acontecimientos», insistió, «ya sabían el riesgo que tenía porque la mayoría de los contratos no están firmados, solo en la última hoja de un total de cinco, y es en las anteriores, las que están sin firmar, donde se indican los riesgos que hay».
José Luis Redondo, portavoz de la plataforma, indicó que ahora se pedirán reuniones con varias personalidades del sector político y financiero y resaltó que «el arbitraje», opción que aprobó el Gobierno hace escasas semanas, «no nos sirve porque nosotros no hemos invertido en bolsa, hemos ahorrado el dinero y nos lo han quitado. No tienen que arbitrarnos nada, tienen que darnos nuestro dinero». (LEER MAS)

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