Los profesionales de los servicios sociales de Barcelona

dicen basta a los desahucios  

En una Carta a Xavier Trias exigen que se revoque el Protocolo actual entre el Ayuntamiento de Barcelona y los organismos judiciales que prevé su intervención en los lanzamientos.  Reivindican también la paralización de todos los desahucios con problemática social hasta que no se garantice el derecho a la vivienda digna de las personas afectadas. 

El pasado mes de diciembre los profesionales del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona dirigieron una carta al alcalde Xavier Trias y una nota de prensa a los medios de comunicación manifestando su posicionamiento ante la situación provocada por los desahucios en la ciudad de Barcelona.  En esta Carta denuncian que a pesar de que ellos no tienen competencia específica en materia de vivienda, tienen que hacer frente a una media de 30 desahucios diarios en Barcelona sin los recursos suficientes.

Manifiestan que el derecho a la vivienda "ha sido objeto de una vulneración sistemática por parte de los poderes públicos", siendo los desahucios un ejercicio de "violencia institucional hacia las personas más desfavorecidas de la sociedad".  Cabe recordar que el pasado mes de marzo de 2013 se firmó un acuerdo en materia de desahucios entre el Ayuntamiento de Barcelona y los organismos del ámbito judicial que en la práctica sólo ha servido para "proteger a la comisión judicial para llevar a cabo los lanzamientos en lugar de tener como objetivo hacer una atención social preventiva y proteger el adecuado realojamiento de las personas afectadas ". 

Es en aplicación de este protocolo que los Servicios Sociales deben estar presentes en el momento en que se producen desahucios. No obstante, los mismos trabajadores consideran que el papel que se les atribuye es contrario a la ética profesional ya que "incumple el derecho básico de la dignidad de la persona" y "no existe la garantía de recursos públicos adecuados para restablecer el derecho a la vivienda a las personas afectadas ".

De este modo, consideran que su intervención en los lanzamientos -un momento puramente de ejecución judicial- es contraria a las funciones atribuidas por la Ley de Servicios Sociales como realizar un seguimiento adecuado a fin de encontrar alternativas dignas a la falta de vivienda. Finalmente, el colectivo de profesionales de Servicios Sociales han pedido al Colegio Oficial de Trabajo Social un dictamen sobre la posibilidad de poder acogerse al derecho a la objeción de conciencia para no estar presente en los lanzamientos. (LEER MÁS )