Los jueces decanos de nuestro país han comparecido públicamente para pedir una Ley de Segunda Oportunidad. Consideran que el proceso concursal es totalmente inadecuado para la insolvencia y el sobreendeudamiento personal y familiar. Se trataría de evitar situaciones de exclusión social.
También hemos conocido el interés del Gobierno por ayudar a emprendedores y pequeños empresarios con leyes de segunda oportunidad, con el fin de que un eventual fracaso en su iniciativa empresarial no los hunda definitivamente. Se trataría de aprender de los errores y que la actividad económica no se vea lastrada por los problemas de liquidez de los autónomos. Está bien que el Ministerio de Economía fomente y proteja la actividad productiva de pequeños y medianos empresarios. También a ellos les ha afectado la crisis económica. Aunque me temo que llega algo tarde.
Lo que no me parece nada bien es que hayan tenido que ser los jueces quienes propongan este tipo de protección legal para millones de ciudadanos honestos, abocados a la marginación y a la pobreza por perder su empleo, por cargas familiares, enfermedad o incluso por la insolvencia de los clientes o el descenso de las ventas en su pequeño negocio o comercio. El caso es que tenemos a cientos de miles de familias españolas afectadas gravemente por esta larga crisis económica. Se ven abocadas a la economía sumergida, a la vergüenza de tener que vivir sin apenas recursos y apartados de la vida social y ciudadana. En muchos casos llega a suponer la muerte civil de algunas personas. (LEER TODO)
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