“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Así reza el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo este principio convive con el reconocimiento de fueros o privilegios para un conjunto de ciudadanos que en caso de tener que rendir cuentas ante la Justicia sus casos no tendrán el mismo recorrido que los de un ciudadano de a pie. Son los llamados aforados, sometidos a una jurisdicción especial.
España es el país del mundo con más ciudadanos aforados. Sólo los cargos de origen político con este tipo de privilegio pueden sobrepasar los 2.000, a los que se suman otros ámbitos como el judicial o fiscal, con los que se contabilizan más de 10.000, dejando al margen a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen su propio aforamiento, ya que si estos se tienen en cuenta se despararía hasta los 200.000, según los datos contenidos en el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales, de Juan Luis López Colomer e Iñaki Esparza Leibar. Publicado en : CORREO GALLEGO
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